Santiago Galar y Sabina Frederic del Ministerio de Seguridad quiere realizar Pruebas Toxicológicas a los policías

Mediante la Resolución 41/2021 del Ministerio de Seguridad de la Nación, la ministra Sabina Andrea Frederic y el Director Nacional de Bienestar Policial Santiago Galar avalaron la realización de pruebas compulsivas sobre el personal policial para realizar pruebas toxicológicas.

Ministra de Seguridad, Sabina Frederic

Mediante el Anexo 1 y Anexo 2 se establece que el personal policial a requerimiento del Ministerio de Seguridad deberá dar Consentimientos Informados para mediante controles “aleatorios” (nunca se determina los criterios de selección ni cómo se define la “aleatoriedad”).

En si surge que las Pruebas Toxicológicas de forma compulsiva a personal policial, afectando el derecho de confidencialidad del paciente, exceden las labores de salud y el personal médico interninente violaría la confidencialidad paciente-profesional.

La consideración como un trato del personal policial como sospechoso de consumir sustancias ilegales, no se compara con un trato dilgiente ni adecuado hacia funcionarios públicos. Cuestión que no se hace en otros organismos como el propio MINISTERIO DE SEGURIDAD, ni del poder ejecutivo, poder legislativo ni poder judicial.

La resolución firmada por Sabina Frederic constituye, uno de tantos, actos de violencia política, por la cual se genera una sospecha a prior y de forma abstracta sin ningún tipo de control se define “aleatoriedad” pero incluso como acto aleatorio, se genera -sin acto de sospecha fundada previa- una afectación a la confidencialidad profesional al mismo tiempo que genera una afectación a los datos sensibles.

No existiendo ningún tipo de consentimiento libre, dado que se da en marco de una relación laboral, consecuentemente, la negativa genera si una potencial sanción.

En conclusión, el acto realizado por Sabina Frederic en su rol de ministra y Santiago Galar en su rol de director, constituye, se considera generan una afectación severa de los derechos del personal policial y en si a toda los ciudadanos, porque si el personal policial no puede defender sus derechos menos podrá defender los derechos de terceros.

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