El Gobierno logró que miles contribuyentes se acojan a la más reciente y más amplia moratoria fiscal, generando el ingreso -actual o futuro- de millones de pesos a las arcas públicas. Pero la iniciativa levantó también una ola de frustración entre sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fiscales y jueces que debieron presenciar cómo numerosos evasores, contrabandistas, y cuevistas consuetudinarios evitaron, otra vez, los castigos.
“Por un lado, se cantan loas a la lucha contra la criminalidad económica y, por el otro, se ofrece a sus responsables una promoción tributaria con perdón de penas incluido. Una suerte de derecho penal del miedo en el que los jueces trabajan de ‘asustadores legales”, planteó el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, el magistrado que más verbalizó su fastidio con la nueva “amnistía fiscal”, como la llamó.
Sabuesos, fiscales y jueces consultados por LA NACION lamentaron, en particular, el tiempo y los recursos humanos, administrativos, procesales y económicos que conllevó investigar a miles de contribuyentes, determinar el monto que evadieron, llevarlos ante la Justicia, impulsar las investigaciones, elevarlas a juicio y que incluso se arriben a condenas, para que luego se acojan a una moratoria y queden impunes.
“A nosotros nos deja un poco la sensación de que, aún entendiendo la finalidad eminentemente recaudatoria, cada norma de esta especie tira por tierra todo nuestro trabajo”, planteó otro magistrado del fuero en lo Penal Económico, “y resta credibilidad en términos de prevención general, en especial, al régimen penal tributario, y en parte al mecanismo de recaudación tributaria”, explicó.